¿Qué implicaciones económicas trae para un país el hecho de que algunos pocos concentren gran parte del ingreso nacional? El economista Joseph Stiglitz ha hecho esfuerzos por explicar cómo las sociedades desiguales evidencian un deterioro en la eficiencia y la estabilidad económica. Surgen así incentivos obre algunos poderes insospechados que son entregados a los actores que ejecutan o determinan la política económica (ministros o parlamentarios), el efecto se manifiesta en los niveles perjudiciales de tributación, gasto público y empleo. Sin embargo, Simon Kuznets (premio nobel de economía), en un memorable discurso pronunciado en 1955 desarrolló una conjetura determinante hipótesis clave para el análisis económico: los países en su primera etapa de desarrollo crecerían a costa de la desigualdad (esta aumentaría); pero en la segunda etapa el efecto se revertiría, las condiciones del desarrollo causarían un buen crecimiento y menos desigualdad del ingreso. Este hecho se cumplió en algunos países desarrollados y toma forma de U-invertida Dicha hipótesis hacía que la política económica girara en torno a las condiciones del desarrollo, por lo que la política fiscal no era la herramienta imprescindible para combatir la desigualdad.

Es Piketty, el autor del bestseller ‘’el capital en el siglo XXI’’ quien ha sobresalido al separar su análisis, de lo que él llama, “el cuento de hadas Kuznetsiano”, y ha prendido las alarmas al observar una tendencia al alza de la desigualdad, incluso en los países desarrollados que habían cumplido el comportamiento de U-invertida de Kuznets, debido, en buena parte, a que la tasa de retorno del capital es superior a la de los salarios. La herramienta para disminuir dicha tendencia es establecer impuestos sobre el capital. Aquí renace la política tributaria.

Colombia, un país atípico en materia económica regional, ostenta un comportamiento macroeconómico sobresaliente;: el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es relativamente elevado y constante, la inflación es baja y estable, la inversión extranjera ha alcanzado valores nunca antes vistos, y el desempleo, aunque elevado en comparación con el resto de América Latina, ha disminuido recientemente. En general, un país envidiable para muchos en la región debido a su   desempeño macroeconómico que no obstante  posee niveles de desigualdad que seguramente nadie en el mundo quisiera tener. En tal sentido, si con política fiscal es posible distribuir mejor el ingreso vale la pena entender dos elementos fundamentales. En primer lugar, quiénes deberían tributar, y en consecuencia, qué tan progresiva (intentar generar equidad) resulta la intervención del gobierno.

En Colombia quienes pagan impuestos no son necesariamente quienes perciben más ganancias. Se cuestiona si deben tributar más las empresas, o por el contrario, las personas naturales. La evidencia sugiere que en los países con menor grado de desigualdad, como Alemania o en general los miembros de la La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se imponen altos tributos a la renta total; el porcentaje de impuestos a la renta casi que duplica al de Colombia (11,5 de la OCDE frente a 5,6 de Colombia), pero aún más importante, la carga impositiva la asumen por lo general las personas naturales.  El porcentaje de personas naturales que tributa renta en Alemania es de 87,9%  y  en EE.UU. 82,7 %, frente a un 19,6% en Colombia.

Lo anterior quiere decir que son las empresas las que más contribuyen al fisco colombiano. El punto de partida de la progresividad recae en el mismo hecho de que son las altas rentas las que deben pagar más impuestos, y las que finalmente obtienen ganancias son las personas naturales quienes tienden a acumular rentas y no necesariamente reinvierten las  utilidades. Por el contrario, las empresas o personas jurídicas son las que generan empleo, valor agregado y no tienen un carácter acumulativo al tener vocación productiva.

En el segundo punto puede señalarse que para el conjunto de países de la OCDE, la desigualdad que genera el libre mercado es de 0,46 (medida por el GINI en donde 1 representa la desigualdad absoluta) (0,08 menos que la de Colombia), esta se reduce en 0,12 puntos con la intervención del Estado, es decir, luego de que éste efectúa el gasto público y ha recaudado impuestos. Lo anterior da cuenta del aceptable comportamiento de la política fiscal progresiva de la OCDE al permitir que los individuos con mayor nivel de ingreso tributen más en comparación a los que disponen de un ingreso más bajo. En Colombia sucede todo lo contrario, pues es  absolutamente imparcial la intervención del gobierno en materia de recaudo y gasto público, ya que la desigualdad que genera el libre mercado no es corregida por el gobierno, ésta se mantenía en 0,54 para el 2011.  Esto quiere decir que la desigualdad que genera el libre mercado es la misma con o sin la intervención del gobierno.

¿Y en dónde debería estar, pues, centrada la atención? En el calamitoso sistema tributario  colombiano. Pero el panorama no es del todo favorable pese a la puja de múltiples líderes gremiales y de opinión en pro de un sistema progresivo. En Colombia se han llevado a cabo 16 reformas tributarias desde 1990 hasta el 2014, es decir,  en promedio una reforma tributaria cada 18 meses. Lo anterior hace pensar en la ligereza reformista que en parte se debe, como bien sostiene el exministro de hacienda Guillermo Perry,  a la estructura del sistema político dado el aumento en el número de partidos, al debilitamiento de la disciplina parlamentaria, los intereses creados entre congresistas y determinados grupos empresariales, y en sí, al fraccionamiento político subsecuente a cada gobierno.

A través de un recuento sobre las reformas tributarias desde la era Gaviria, (con base en trabajos de académicos colombianos como Cañas y Steiner y Miguel Urrutia) puede notarse que la década de los noventas tuvo que enfrentar la creciente dinámica del gasto, debido en gran parte a las obligaciones constitucionales. De manera que las reformas tributarias siempre apuntaron a aumentar el recaudo mediante impuestos no progresivos como el IVA, siendo los cambios en renta poco estructural.  Luego de la gran crisis de fin del siglo XX, las reformas tributarias buscaron, por un lado, frenar la dinámica creciente del gasto, y  por el otro, respaldar el gasto necesario en la recuperación del sistema financiero y en la seguridad mediante impuestos sustitutivos y distorsionantes como el 4 por mil y el impuesto al patrimonio, respectivamente.

Las propuestas han estado circulando y parecen enfrentarse el corto plazo con el largo plazo. El académico Eduardo Sarmiento ha reiterado la importancia de cambiar el modelo económico y crear un impuesto al capital que subsidie la mitad del salario mínimo para las empresas que contraten trabajadores provenientes de la informalidad. Guillermo Perry, menos radical, ha reiterado el papel de la educación evocando el exitoso caso finlandés e impulsando la iniciativa de la fundación compartir sobre la educación media.

La teoría y los avances empíricos en economía tienen un papel sustancial en la determinación de la política económica. Juan Luis Londoño, exministro de la protección social en la era Uribe y académico, validó la hipótesis de Kuznets en Colombia hasta finales de los años 80s. Sin fortuna todo lo que sigue a partir de allí parece no haberse cumplido, ¿algo cercano a un cuento de hadas? Hoy la mirada está en otra parte, y pese a que Kuznets no se equivocó del todo, la siguiente e inminente reforma tributaria tiene (además de la responsabilidad) la necesidad de responder al problema distributivo del ingreso. Ya como la última reforma tributaria, en uno de los países más desiguales del mundo, se ajustó a los criterios de financiamiento del hueco fiscal y no a los estructurales, vale la pena preguntarse como alguna vez lo hizo Londoño, ¿qué pensaría Kuznets si hubiese visitado Colombia?