La mejor fotografía que podríamos obtener de lo que ha sido la política en Colombia en los últimos años, son los resultados del plebiscito del pasado domingo 2 de octubre. A pesar de que el resultado sorprendió a muchos — incluyéndome—, no debería sorprendernos demasiado, por el contrario, deberían ayudarnos a salir del embrollo en el que nos hemos metido como país.

 

Desde los años 80, la discusión política ha sido caracterizada por una constante ambivalencia entre paz y guerra, negociación o confrontación armada. La cual se ha manifestado abiertamente en las elecciones de carácter nacional, y en menor medida en las elecciones de carácter territorial. Esto ha subordinado en el debate político cuestiones fundamentales como la economía, el trabajo, la salud o la educación. Causando un consecuente debilitamiento del campo político y contribuyendo a que los colombianos no encuentren en lo público una solución a sus problemas. Esta falta de legitimidad de los referentes políticos nacionales, sumado a la denominada por algunos crisis civilizatoria plantea desafíos reales a la vida en sociedad, a la solución pacifica de los conflictos y a las instituciones democráticas.

 

Sin desconocer que otros factores concomitantes a esta falta de legitimidad, como la corrupción o la violencia política puedan dificultar la posibilidad de constituir una democracia real en Colombia, es necesario reconocer que la abstención del pueblo colombiano no es gratuita, como tampoco la desconfianza de varios sectores de izquierda y derecha sobre el proceso de paz.

 

Esta fotografía también nos muestra lo terriblemente fracturada que se encuentra la política colombiana. Sin ánimo de afirmar que la historia se repite, este momento político colombiano tiene fuertes similitudes con los hechos que antecedieron al periodo de La Violencia en Colombia, cuyo gatillo fue El Bogotazo, en por lo menos dos aspectos distintos: la polarización y las posiciones políticas enfrentadas.

 

La polarización política en la que nos encontramos es apenas evidente. Si los Diálogos de La Habana significaban una posibilidad, una ventana de oportunidad, que permitiera construir un nuevo discurso de nación basado en ideales democráticos, el actual plebiscito consiguió todo lo contrario. Este proceso se convirtió, a mi modo de ver, en una oportunidad ideal para dividir la nación con base en estigmas e imaginarios, cayendo en una dinámica de blanco-negro o amigo-enemigo, y dejando fuera el campo de la discusión lo fundamental del proceso: los acuerdos de paz y la reconciliación de Colombia. Prueba de ello fue la estigmatización que sufrió la diversidad de género, la restitución de tierras o las susodichas “modificaciones a la constitución” por un lado, o las críticas argumentadas al acuerdo, los miedos con un cambio en las instituciones o valores morales.

 

Las posiciones políticas no fueron muy distintas. De la misma manera que se solía decir que lo que diferencia a los liberales y los conservadores durante  La Violencia era la hora a la que asistían a misa, las diferencias sustanciales entre el santismo y el uribismo con respecto al modelo económico, político o social son menores, y en la mayoría de los casos inexistentes, como el caso de la Ley Zidres. No olvidemos los partidos políticos por los que han pasado sus dirigentes o los gobiernos en los que han participado. Sin embargo, al igual que en el siglo pasado, las dos fuerzas políticas más fuertes se presentaron como las únicas en el espectro político, dejando de facto por fuera de la discusión otras posturas, que a pesar de acordar con ellos con respecto al SÍ o al NO, no acordaban en sus razones y consecuencias.

 

Sin un cambio en la actual configuración de lo político que permita la existencia de un debate público y democrático, tanto previo a la suscripción de un futuro Acuerdo Final negociado con los promotores del NO, como también en las futuras transformaciones que sufra el país fruto de este proceso, no podrá garantizarse que el ciclo de la violencia que ha caracterizado esta nación desde sus orígenes pueda transformarse y extinguirse de una vez por todas.

 

Para terminar, el actual proceso del plebiscito sirvió, también, para recordarnos un fenómeno común en la tradición jurídico-política colombiana, el santanderismo. En una mano nos encontramos con los diálogos entre el Gobierno y las FARC-EP, los cuales se centraron – en mi criterio – más entorno a un acuerdo que satisficiera a cada una de las partes, que en un debate nacional que permitiera integrar a toda la sociedad. Con esto no quiero decir que no haya habido una integración de las víctimas y de la sociedad civil. La hubo. Esta, sin embargo, no fue capaz de hacer sentir a los colombianos representados ¿cuántos colombianos saben a ciencia cierta lo ocurrido en los encuentros organizados por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas alrededor del país con las víctimas?

 

En la otra mano, desgraciadamente, encontramos un fetichismo por parte de las FARC-EP con su Acuerdo. Las declaraciones de esta guerrilla, según las cuales el Acuerdo ya es legal y vinculante, dejando el plebiscito como un acto político no vinculante tienen dos problemas. Por un lado, insinúa que su interés no fue generar un  debate y consenso nacional entorno a la paz y a las transformaciones del país, sino una forma de garantizar que su posición política fuera reconocida. ¿no es lo correcto que el pueblo decida? ¿Si no están con nosotros no merecen dialogar? Por otro lado, la cuestión no tiene una respuesta cómoda en el derecho. Si un elemento fundamental de los acuerdos fue la refrendación y la participación colombiana entorno a ellos ¿puede haber un acuerdo sin una mayoría que los apoye? Considero que su respuesta es –jurídicamente – ortodoxa y conservadora. Ubicando el derecho por sobre la política, y por sobre la gente.

 

Una solución a este conflicto – adoptable por el gobierno – sería sostener que este firmo ad referéndum, y en tal sentido, adquiriría validez jurídica únicamente después que el Estado lo tramitara internamente y este se hiciera compatible con las instituciones jurídicas nacionales: Plebiscito o Corte Constitucional, por ejemplo. Otra sería argumentar que Colombia no se encuentra jurídicamente capacitado para implementar los acuerdos, obligando a esta guerrilla a perseguir internacionalmente al Estado colombiano, imponiendo los acuerdos – de lograrlo idealmente – a costa de la voluntad del pueblo colombiano. En síntesis, esta postura es muy peligrosa.

 

Para terminar, el futuro no parece prometedor si continua en la línea en la que se encuentra. El fin del cese al fuego bilateral, como lo manifestó Juan Manuel Santos, puede ser el fin de los actuales Diálogos de La Habana y de la posibilidad de una salida política al conflicto. Los colombianos no debemos permitir que esto ocurra. El pacto político nacional no puede ser un pacto político entre unas partes que no representan a la totalidad de los colombianos. Debe ser el primer escalón que nos lleve a un país con paz y justicia social.