Ante la situación de precios bajos de los commodities, el gobierno Santos recurre a medidas desesperadas con el fin de sobrellevar un modelo económico que hace aguas: el modelo de libre comercio, sin aranceles, y sin herramientas de control para la inversión extranjera.
Por: Diego Cortés
El ridículo de la semana lo protagonizó el presidente de Ecopetrol, Juan Camilo Echeverry, quien, ante la falta de argumentos para defender la explotación en cercanías a la Serranía de La Macarena, desacreditó el análisis del profesor universitario y sindicalista Oscar Vanegas, y afirmó que “En Google hay más secuestros de terrícolas por extraterrestres que acuíferos secos por la industria petrolera.” [1].
Es lamentable que el presidente de la empresa petrolera de la nación utilice un argumento tan patético, además de inexacto [2], pero el punto central se encuentra en las artimañas que realiza este gobierno para garantizar las ganancias a múltiples empresas, amparadas en los acuerdos internacionales, restringiendo la soberanía de Colombia para definir lo que es explotable en el país, y lo que no.
Hay múltiples casos de demandas en curso de multinacionales contra el Estado colombiano. Por ejemplo, Cosigo, minera que pretendía explotar en un parque natural de la Amazonía, y lleva en curso una demanda, amparada en el TLC con EE.UU., que equivale al 20% del Presupuesto General de la Nación para 2016. O la empresa Eco Oro, que pretende demandar al Estado, amparado en el TLC con Canadá, por el fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la minería en páramos, en este caso, el de Santurbán. [3].
Los tratados internacionales suscritos por el gobierno Santos develan su grado de entreguismo. Dar garantías a la inversión extranjera no significa permitir arbitrariedades ambientales o sociales, pero los TLC van más allá del comercio, y les permite a los extranjeros hacer y deshacer con los recursos de Colombia, mientras el gobierno se ató de manos a sí mismo para impedir contener las lesivas acciones de estas empresas sobre el país.
El gobierno tuvo que suspender la licencia de explotación en La Macarena gracias a la presión y movilización social, así como lo tuvo que hacer en su momento con el desvío del río Ranchería, solicitado por la empresa Cerrejón. Pero como el gobierno Santos mantiene su política de hacer felices a las multinacionales, ya busca el modo de desviar el afluente del Ranchería, que es el arroyo Bruno [4], y buscará la manera de garantizar la explotación en las cercanías a Caño Cristales, donde las empresas petroleras les preocupa “la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión privada” [5] por encima del debate medioambiental o social.
Por eso, debemos continuar la presión social por la defensa de las reservas ambientales de Colombia, y exigir así mismo la renegociación de los TLC que ha suscrito el país, sin lo cual es imposible tomar medidas realmente soberanas frente a los inversionistas extranjeros, donde se beneficien los productores nacionales, y la población colombiana en su conjunto.