El año 2016 trajo consigo uno de los escándalos políticos más grandes de los últimos tiempos. Jefes de Estado, senadores, presidentes corporativos y más de 10 países constituyen nuestro caldo de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Odebrecht, una empresa brasilera que funciona desde el siglo pasado y dedicada más que todo a la construcción, se encuentra en el ojo del huracán desde que su actual ex presidente fue apresado y condenado por la justicia brasileña por sobornar a funcionarios públicos para recibir las licitaciones de varias mega construcciones del Estado.

Una vez descubierto, nuestro amigo Mauricio (Odebrecht) decide sacar los trapitos sucios e involucrar a varias figuras públicas latinoamericanas para, de esta forma, recibir reducciones en su condena. Las implicaciones son tan grandes que hasta un presidente ha sido salpicado por el dinero caliente de Odebrecht, y por supuesto no podría ser ni más ni menos que en nuestro país, Colombia. El fiscal general Néstor Humberto Martínez, lanza una bomba cuando a principios de este año, cuenta a los medios que está conduciendo una investigación contra Juan Manuel Santos por haber recibido 1 millon de dolares para su campaña presidencial en 2010, por parte de la compañía constructora. Las investigaciones apenas empiezan, pero nos ayuda a dimensionar la magnitud del asunto y el alcance que puede tener la mano negra de la corrupción.

En el caso colombiano, Santos no es el único involucrado, desde un senador, Otto Bula, un viceministro de trabajo, Gabriel García y ni más faltaba el Senador Uribe que al parecer no se pierde ni una, entran en nuestra mezcla de ingredientes, cuando uno de los infames hermanos Nule, Miguel, decide revelar que en el 2008 se reunió con Tomás Uribe, hijo del entonces presidente Uribe y con representantes de Odebrecht, para discutir posibles alianzas comerciales para construcciones. La acusación que ha sido confirmada por el mismísimo senador, cuando dijo que el encuentro fue meramente social, es intrigante pues sería interesante saber que entiende Uribe por encuentros sociales, cuando lo cierto es que me atrevo a afirmar que la repartición de mermelada ocurre precisamente en este tipo de “reuniones” y no dentro de las instituciones públicas.

Más allá de lo que parece una cacería de brujas, porque el morbo mediático y el chisme encanta en la sociedad colombiana, el caso de Odebrecht debería llevarnos a una reflexión profunda de cómo se gestan las relaciones entre Estado y particulares, en especial cuando hay dinero de por medio. Y es que parecía que las contrataciones en Colombia fueran una repartición de mermelada institucionalizada, algo que es tan normal y común que se encuentra completamente naturalizado en nuestra sociedad.

En teoría, las licitaciones que otorga el Estado a particulares tienen criterios meritocráticos muy exigentes, con el propósito de que las obras se realicen de la mejor forma y con la mayor optimización de recursos posible. En la práctica, las licitaciones son otorgadas al postor con el mejor y mayor capital social, es decir el particular que tenga relaciones con los políticos y/o funcionarios públicos.

El caso de Odebrecht, no es excepcional pero sí particular, porque abre una ventana que ha estado cerrada y podrida desde hace mucho tiempo, la ventana a un análisis más profundo y un control más eficaz para las licitaciones públicas. Es hora de los ciudadanos tomemos conciencia de que es nuestro deber exigir a nuestro gobierno, es nuestra responsabilidad velar por el cumplimiento de las normas a su cabalidad.

Ya basta de tirar el balde de agua sucia a otro, ya es suficiente los señalamientos a nuestros dirigentes cuando seguimos volándonos los semáforos en rojo, cuando nadie mira y seguimos creyendo que ser vivo si paga y “papaya puesta, papaya partida”. El cambio es de todos, la voluntad sigue siendo de muy pocos.

Esperemos que el caso de Odebrecht no se evapore con el tiempo y termine siendo lo que normalmente ocurre con los escándalos mediáticos: titulares de prensa destinados al olvido. Es pertinente exigir que las investigaciones judiciales se lleven a cabo con la mayor diligencia y rectitud, es tiempo de que los culpables entiendan que con el erario público no se juega, no se toca, no se violenta. Al fin y al cabo, los recursos provienen de nuestro bolsillo, de esa confianza que le otorgamos al Estado para que esté regule nuestra sociedad y no para que se la repartan entre élites políticas y empresariales.

La cuestión no es destapar la olla y dejar que se esfume, la cuestión es cambiar la olla para que no nos reviente en la cara cuando ya sea demasiado tarde.