En Colombia la tierra es un elemento de conflicto histórico. El acceso a la tierra motivó protestas campesinas a lo largo del siglo XX y fue uno de las razones por las cuales las FARC surgieron como grupo guerrillero. El acaparamiento de tierras es un fenómeno que tiene como génesis la colonia, y el despojo de las mismas se ha vivido desde las guerras civiles decimonónicas, cuando la propiedad sufría cambios de dueño dependiendo del partido en el poder. Esto ocurría porque en Colombia el acceso a la tierra implica, a su vez, el acceso a los mecanismos de poder del Estado, ya sea local o regional.

El caciquismo y el gamonalismo son un ejemplo de lo íntimamente ligados que están los elementos poder y tierra en nuestro sistema político, y explican, en parte, la tendencia al despojo que ha hecho carrera en nuestra historia.

El tema de tierras es un capitulo muy largo, y creo que no se cerrará pronto, porque aún hoy se sigue peleando "con uñas y dientes" su posesión. Solamente hay que voltear a mirar el primer punto del acuerdo de La Habana, el de Reforma Rural Integral, para darse cuenta de lo capital del tema. Si se quiere mirar para el lado opuesto y darse cuenta que la verdadera oposición del Centro Democrático, y su gran Jefe Uribe, no está en la ideología de género, en las curules en el congreso para las FARC o en la cárcel para los guerrilleros, sino en evitar, a toda costa, la Reforma Rural y la investigación de tierras despojadas en tanto años de guerra; y que hoy, según el expresidente, están en manos de ‘campesinos o terceros de buena fe’ que no es otra cosa que un eufemismo para referirse a los grandes latifundios de sus conocidos y amigos, sobre todo, como dice Verdad Abierta, de ciertos cultivadores de plátano al noroeste del país.

Hace apenas unos días la senadora del Centro Democrático Nohora Tovar Rey propuso una ley de tierras que busca legalizar los predios que fueron despojados a la nación a lo largo del conflicto armado colombiano y que hoy están en manos de personas y empresas privadas. La coherencia con la propuesta que Uribe posteó en twitter deja ver claramente cuáles son las intenciones de ese partido, además, confirma cuál fue el verdadero problema que le encontraron a los acuerdos de La Habana. La propuesta de Uribe fue la siguiente: “Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente”.

Por un lado, Tovar Rey pretende que baldíos que ya han sido investigados y recuperados por el INCODER vuelvan a manos de los empresarios que las despojaron en primer lugar (El porvenir, finca de Carranza, el zar de las esmeraldas, serían unos de los predios beneficiados por esta ley). Y por el otro, Uribe busca que no se haga investigación alguna sobre las tierras, cuyos dueños fueron desplazados e incluso asesinados, y que hoy tienen desde pequeñas familias engañadas por notarios inescrupulosos, hasta grandes finqueros terratenientes que sabían del origen de esas tierras pero aun así accedieron a ellas.

La pretensión uribista de mantener grandes extensiones de tierras en manos de unos pocos entra en concierto con su idea de desarrollo, pues para Uribe es por medio del impulso agroindustrial y a través de grandes plantaciones y ganadería extensiva que la riqueza del país aumentará (hay que preguntarse si diferencia la riqueza de la nación de su propia riqueza y la de sus amigos), olvidando y relegando a los campesinos y pequeños propietarios a un papel secundario en la economía, recibiendo pequeños subsidios. El método del subsidio ha demostrado ser rentable en un país acostumbrado a un sistema clientelista, en donde el individualismo prima sobre el bien colectivo y donde la máxima parece ser ‘sálvese quien pueda’. En dicho contexto, Uribe es rey y de allí que fomente con ahínco su política latifundista.

En conclusión, lo que hoy enfrenta a Uribe con el proceso de paz no es un problema de curules, ni mucho menos el miedo al fantasma del ‘castrochavismo’ (que hasta él debe saber imposible en un país de nuestras características) ni tampoco el desmembramiento de la familia. El verdadero miedo de Uribe se funda en la repartición de tierras, en que el Estado recupere los baldíos perdidos en detrimento de sus intereses y que la historia de las miles de hectáreas despojadas en todo el país cuenten una historia que no le guste, que lo involucre de manera directa con el desplazamiento y la titulación ilegal. También por eso está pidiendo indulto a guerrilleros y no justicia transicional. Prefiere a sus enemigos, e incluso hasta sus amigos, libres y callados (o mejor si están en cárceles extranjeras, como algunos paramilitares), antes que contando la verdad de la guerra frente a un tribunal que garantizará los derechos de las víctimas y los victimarios por medio de la verdad, la justicia y la reparación. Después de todo, el fin último de esa justicia es encontrar al titiritero detrás del escenario, y eso a Uribe parece asustarlo.