Cada vez que se insinúa la intención de enajenar parte de cualquier bien público, empiezan a saltar de preocupación algunas personas que creen que eso es un sacrilegio, que es un atentado contra el bienestar de la sociedad y que la sola propuesta altera la estabilidad de un estado de derecho y su vocación de servir a sus ciudadanos, no es un preocupación exclusiva de una izquierda radical, en el colombiano promedio este tipo de determinaciones son sinónimo de corrupción, para ellos privatizar es lo mismo que robarle al estado.
Por: Julio César Vásquez
Claro que también existe el otro extremo, el que cree que toda empresa pública es un despilfarro de dinero e impuestos y que todas ellas están cooptadas por políticos corruptos y sindicatos zánganos y parásitos que las exprimen hasta dejarlas desahuciadas y en los huesos. Esta es una tesis que tomó alto vuelo en los 90s, ante las grandes expectativas que trajo la caída del comunismo y la apertura que ofrecía una nueva constitución, parecía que todo era posible y el gobierno se dedicó a privatizar indiscriminadamente todo lo que tenía en sus manos, a la postre, esta apertura sin control y la baja competitividad de la región latinoamericana, llevaron al subcontinente a una aguda crisis de inflación y recesión, y a un traumático cierre de siglo.
Sin embargo, aquí el pecado no es privatizar o querer impedirlo, el pecado es tomar posiciones radicales sin tener elementos de juicio suficientes para hacerlo, lamentablemente muchas personas ya han elegido de antemano y de manera general, o bien que la privatización es un atentado contra la sociedad, o bien que es la única solución posible ante los problemas de ineficiencia que padecen muchas empresas públicas, y el caso es que la realidad de cada empresa es muy diferente, sus proyecciones son diferentes, su rentabilidad es diferente, su compromiso social es diferente, su importancia estratégica es diferente, decidirse en uno u otro sentido con la poca información disponible es, cuando menos, irresponsable y facilista.
El problema es que no conocemos a ciencia cierta la situación contractual de la empresa, hay datos 'objetivos' que pueden apoyar cualquier postura, se puede decir que la empresa ha tenido rendimientos muy bajos durante los últimos años y algunos hasta ha generado pérdidas, se puede decir que la anterior alcaldía le inyectó 2 billones de pesos de capital y hoy la empresa vale incluso menos que eso según su valor en la bolsa, se puede decir que la empresa cada año termina con menos suscriptores que el año inmediatamente anterior y cada vez tiene una menor participación en el mercado, todos estos datos fácilmente verificables, pero también se puede se puede justificar toda esta situación recordando que la empresa está pasando por un proceso de modernización y reestructuración que la ha llevado a contar con un fantástico servicio de fibra óptica que se puede jactar de ser el más veloz y estable del mercado a un precio bastante competitivo, además de presentar una acelerada expansión de su red móvil 4G, y que esos bajos rendimientos en los últimos años son normales pero que la empresa tiende una proyección muy positiva hacia el futuro. Sin embargo, la ciudadanía no conoce informes que ayuden a justificar de manera objetiva esa mirada optimista del devenir de la empresa hacia los próximos años, si bien su red ha crecido de una manera considerable, sólo ha logrado capturar el 4% de sus nuevos clientes potenciales y, con su base de 390 mil usuarios, está muy lejos de cumplir la meta de 5 millones en 5 años.
Pero la discusión real no debería ser sobre rendimientos y proyecciones sino sobre el para qué se quiere privatizar, es algo que se ha manejado de muy mala manera por el gobierno de Bogotá quien, en un tono que más parece de chantaje, ha anunciado que las grandes inversiones que la ciudad necesita en materia social no podrán llegar a ejecutarse si no se permite la venta de este activo, es una actitud que con mucha razón ha generado indignación en la ciudadanía, más aun cuando se sabe que la verdadera intención es usar ese dinero en extender la red de Transmilenio, lo cual no es necesariamente algo malo, pero sí se antoja algo deshonesta la forma en que se le vende la idea a la gente; la inversión en infraestructura generalmente es un buen negocio, por eso es que la ciudad está dispuesta a endeudarse por 20 años para hacer una línea de metro y la nación vendió ISAGEN para impulsar su proyecto de autopistas 4G, y es basado en esto que se debería determinar si la privatización vale la pena o no. Hoy la ingeniería económica cuenta con numerosas herramientas para conocer la rentabilidad de proyectos de la más diversa índole, si un estudio minucioso en ese campo determina que la inversión en extender la red de transporte genera un mayor retorno que la que podría producir una empresa de telecomunicaciones, pues la operación valdría la pena.
La situación con ETB muestra un problema estructural de la ciudad y es la pobre continuidad en las políticas públicas, no tiene sentido que la anterior alcaldía haya triplicado el capital de la empresa y esta alcaldía quiera venderla por menos de lo que se invirtió en la anterior administración, en mi opinión, si ya la ciudad se la jugó por fortalecer la ETB pues hay que seguir ese camino, personalmente he sido cliente tanto del servicio fijo como móvil y he sido testigo de la franca mejoría en su calidad. Por otro lado, creo que el conseguir un socio estratégico podría ser una buena idea, eso fue lo que convirtió a la EEB, después de estar al borde de la quiebra, en una de las compañías energéticas más grandes de latinoamérica; cuando hay plata de privados en un negocio, ellos son muy diligentes para ver que no se roben ni se desperdicien sus recursos y que haya una gestión más eficiente, es mejor que cualquier organismo de control, así que una solución intermedia de privatizar sólo una parte de la empresa podría ser una solución que liberara recursos para inversión y que mantuviera generando dividendos para la ciudad en una empresa que, bien manejada, podría seguir creciendo.
Finalmente, independientemente de la determinación que se tome, la alcaldía debe cambiar de actitud frente al manejo que se le está dando a la compañía, el menospreciar la empresa y el anunciar valores de venta de antemano sólo va en contravía de su posible apreciación y su capacidad de atraer el interés de actores privados, además de hundirla en un espiral de abandono y declive, no puede ser que las mezquindades políticas vayan en detrimento del patrimonio de todos los bogotanos, ya en el pasado vivimos una situación similar cuando los gobiernos abandonaron la extensión, optimización y atención de Transmilenio como estrategia para justificar la necesidad del metro, no debe repetirse esa historia.
Algo adicional, se está diciendo mucho en redes sociales acerca de la desfinanciación que sufriría la Universidad Distrital en caso de que se concretara la venta, esto no es cierto puesto que, en primer lugar, lo que recibe la universidad por concepto de los dividendos producidos por las acciones de la cual es dueña en ETB no llega ni al 0,3% de su presupuesto total y, en segundo lugar, lo que se vendería sería la participación accionaria del distrito que no tiene nada que ver con la propiedad de las acciones que tiene la universidad. Otra cosa, Claro tampoco podría ser comprador de esta empresa puesto que cuenta con una situación muy aventajada en el mercado y las leyes antimonopolio lo impedirían.
Algunos documentos sobre la proyección de ETB hacia el futuro y sus informes financieros:
http://www.etb.com.co/inversionistas/docs/2016-04-28_fitch.pdf
http://etb.com.co/inversionistas/Dividendos.aspx
http://etb.com.co/inversionistas/Informacion_Financiera.aspx