Durante los últimos 5 años se ha vuelto recurrente la constante queja de los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país por lo que consideran un aumento exagerado e injustificado del impuesto predial, aumentos de entre 20 y 30% que exceden, por mucho, la inflación de cada año, eso, unido a una pobre ejecución del presupuesto distrital, ha causado una inmensa indignación en la gente que ve cómo su recibo año tras año aumenta en forma indiscriminada y eso no se ve reflejado en obras visibles que mejoren su calidad de vida.

Las razones para estos aumentos exagerados son variadas, en primer lugar, Bogotá por fin logró actualizar su censo catastral por lo cual, los casos en los que la gente negociaba sus propiedades en el doble o triple de la valoración con la cual pagaban su impuesto ya son cosa del pasado. Sin embargo, debido a que en algunos casos el nuevo avalúo catastral podía llevar a aumentos de hasta el 300% en el impuesto predial, se decidió diferir diferir este aumento durante varios años mediante la figura del ajuste por equidad.

Pero el problema más significativo es que los predios realmente tuvieron valorizaciones muy significativas durante los últimos años, la falta de suelo disponible ha producido un aumento de precios general en todos los predios de la ciudad, adicionalmente, las mejora en las condiciones físicas de algunos barrios ha hecho que se impulsen proyectos de renovación que aumentan los costos de la vivienda en esos lugares, esto, de paso, ha puesto en evidencia un problema de doble tributación; una forma de financiar proyectos de infraestructura en la ciudad ha sido mediante el impuesto de valorización que se paga adicionalmente al impuesto predial para obras que aumentan el valor comercial de un inmueble: por una parte pagamos el impuesto de valorización y, por el otro, la valorización del inmueble también aumenta el costo del impuesto predial.

El principal problema radica en que el hecho de que mejoren las condiciones físicas de un barrio o que lleguen nuevas edificaciones o nuevos vecinos con mayor poder adquisitivo no implica que todos los habitantes de ese barrio hayan mejorado sus condiciones de vida, entonces, aunque su vivienda ahora vale más, eso no quiere decir que sus ingresos han aumentado, pero sí que debe tributarle más a la ciudad; enfrenta al ciudadano ante el dilema de recortar otros gastos para pagar más impuestos o tener que vender su vivienda para irse a un lugar más económico, a este último fenómeno se le ha llamado gentrificación, que es cuando las condiciones de un barrio mejoran, el costo de vida aumenta, pero el poder adquisitivo de los habitantes de toda la vida no lo hace de la misma forma y se ven obligados a desplazarse, un fenómeno que es muy susceptible de ocurrir en los múltiples proyectos de renovación que se vienen gestando actualmente en el centro de la ciudad.

Otro fenómeno común ante esta forma de cobrar impuestos es la indiferencia ante el fenómeno de pobreza oculta en la ciudad, ahora que bajo los distintos criterios de medición la pobreza multidimensional en Bogotá se encuentra en un solo dígito y con tendencia a seguir disminuyendo, se hace imperativo que el estado se encargue de este nuevo tipo de población que aunque vive en barrios costosos y pueden tener alguna propiedad de alto valor, se encuentra viviendo con una baja calidad de vida, sin ingresos fijos constantes, con pobre nutrición y en alta vulnerabilidad de perder el patrimonio que le queda.

Por eso resulta razonable pensar que tal vez cobrar el impuesto predial basado únicamente en el valor comercial de un inmueble no resulta del todo sano, la administración de Gustavo Petro en algún momento propuso impulsar una reforma tributaria que eliminara el esquema de los estratos y tuviera en cuenta otras variables tanto para el cobro de impuestos como de servicios públicos, de manera que encontráramos una fórmula que permitiera una recaudación más equitativa de los impuestos.

Adicionalmente, no hay que olvidar que la única función del cobro de impuestos no es la redistribución de la riqueza, los impuestos también ayudan a dirigir el desarrollo ordenado de la ciudad, durante la última campaña a la alcaldía, Francisco Santos propuso un tratamiento fiscal privilegiado para los privados que ayudaran a instalar industrias de alta tecnología dentro del perímetro urbano de la ciudad.

Aunque las últimas administraciones han mostrado un interés por redesarrollar el centro ampliado de la ciudad, sus esfuerzos se quedan cortos ante las dificultades logísticas y los altos costos que esto supone, dirigir una política fiscal que beneficie a los privados que participen activamente en estos procesos de renovación puede ayudar a desarrollarlos a un ritmo muchísimo más acelerado del que llevamos hasta ahora y, de paso, ayudaría a mitigar la expansión de la ciudad en la sabana.

No se puede echar en saco roto el esfuerzo y toda la información que ahora tenemos disponible gracias a un censo catastral actualizado, resulta deseable un planteamiento serio de una rearquitectura de la política tributaria de las ciudades que permitan un crecimiento más planeado y organizado y una recaudación más justa, equitativa y progresista.