Corriendo el año 2010, la prensa internacional puso como escándalo de grandes proporciones la filtración de documentos confidenciales y secretos hecha por el sitio web Wikileaks. Si bien estos documentos configuraban unas acciones bastante reprochables hacia representantes del Gobierno colombiano (el cese de generales por el Presidente Santos relacionados a los falsos positivos y la no colaboración de Brasil en el proceso de paz por integrantes de las FARC en Venezuela), estas actuaciones se realizaron aprovechando unos recursos de legalidad y legitimidad logrados a través de un cargo de elección popular o designados a través de uno de ellos.

Para 2013, sería Edward Snowden quien podría en la palestra pública filtraciones de documentos - esta vez únicamente sobre proyectos de agencias secretas norteamericanas -proyectos como el análisis de metadatos y comunicaciones cifradas de redes sociales y motores de búsqueda-, con lo cual no solamente se cuestionaba, como en el 2010, el accionar gubernamental, sino que también se sumó en esta ocasión los alcances, especialmente a quienes no constituían un riesgo a la estabilidad y seguridad mundial.

En estos dos escenarios podemos ver varias similitudes: Una gran cantidad de información es filtrada hacia los medios de comunicación, y a pesar de la contundencia de lo señalado en los documentos, lo único que se concreta es la persecución a quién los filtra. Parece que la tardanza del tiempo entre las acciones señaladas en los documentos y su publicación masiva hace que sus efectos no sean tan fuertes a quienes se les achacan.

Pero el caso de los ‘Papeles de Panamá’ parece ser diferente.

Primero, porque a pesar de que tener una cuenta offshore (o el arte de la deslocalización financiera) no sea mala y hasta sea vista con buenos ojos por algunos liberales, destacan las personas y no empresas que figuran en los más de once millones de documentos.

Segundo, porque esas personas son relacionadas públicamente con actos o bien de evasión de impuestos, o de corrupción. Además de ello son personas que se encuentran en la cúspide del ejercicio de sus actividades (Presidencia de Argentina, Senado de Colombia, Primer Ministerio de Islandia),y la repercusión política es difícil de opacar cuando al tiempo se deben mostrar resultados institucionales.

Tercero, porque la parte denunciante es muy fuerte como para ser perseguida. Grandes líderes de opinión se unieron (unos más rápido que otros) a la ICIJ para develar la gran cantidad de documentos filtrados, así que perseguir individualmente como el gobierno estadounidense hizo en casos anteriores es poco probable.

Estableciendo estas diferencias, buscar el debate central de este escenario parece bifurcarse: la evasión de impuestos o la corrupción. La verdad es que son tantos y tan diferenciados los documentos filtrados de Mossack Fonseca que por definición hay que tomar ambos.

Con el fin de combatir la evasión, la OECD ha presionado a los gobiernos con ‘paraísos fiscales’ para que regulen y tengan una competencia más o menos estable. El caso más cercano es el de Islas Caimán, la cual desde hace poco cobra una tarifa indirecta del 3%. Pero parece que no ha sido suficiente. Obama ha hecho un llamado hoy por una ‘reforma de impuestos internacional’, pero se enfrenta a una mitad del globo no ha liberalizado su economía y a una élite (ya no gubernamental, sino de personalidades y empresarios) que está cansada de ver que sus contribuciones no causan efectos en el país que tributan, ya sea por falta de planeación, un sistema tributario engorroso o una desigualdad reinante debido a la corrupción.

La corrupción ha existido con el paso de las décadas y se ha renovado conforme cambian los tiempos, pero más allá de los mecanismos directos para mitigarla o lograr una transparencia efectiva, existe una desvertebración social o una ruptura con el sentido de nación a la hora de interactuar en beneficios estatales, pues no se siente que éste realmente trabaje por con los sectores más vulnerables. Otra razón atiende a la poca atención moral y ética (pero sí religiosa y de valores individuales) que se da en el esquema educativo actual y por último, un modelo de vida que atiende a relaciones sociales fuertemente conflictivas o altamente competitivas de cada individuo.

Los ‘Papeles de Panamá’ prometen mínimamente un golpe a la legalidad y legitimidad de políticos y al menos lo segundo en empresarios y celebridades en sus oficios. De gran crecimiento mediático,  hay que ser cautos con el alcance judicial que pueda tener. Un caso claro ya sucedió en Ucrania, pues no hay quién investigue al Presidente, y en Colombia hay dudas desde la relación bilateral con Panamá hasta las garantías de quién denuncia, pues en 2014 el Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, tuvo que renunciar e irse del país por amenazas de un empresario panameño relacionado con el lavado de dinero según cables de Wikileaks.