En Colombia – y buena parte de países latinoamericanos - ha existido un problema estructural: La academia y la clase política no han sabido llevarse. Esto se refleja especialmente en la falta de planeación y ejecución de políticas públicas para el desarrollo en las regiones más importantes del país. Esa situación puede empezar a ser diferente debido a la última iniciativa legislativa promovida por el representante liberal por Antioquia Iván Darío Agudelo, con el apoyo de partidos como la U, Cambio Radical, Polo y Centro Democrático.

Primero que todo, la propuesta no es nueva. Hace un poco menos de diez años, Martha Lucía Ramírez y Jaime Restrepo Cuartas también propusieron que los temas relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación tuvieran la autonomía y la importancia de un ministerio. Pero en dicho momento, el país sufría el coletazo de la crisis de 2008, el gobierno no comulgaba con la idea de expandirse y no tuvo el mayor apoyo para ser aprobado.

Pero ahora los tiempos han cambiado. Con un posconflicto en fase de construcción que requiere presencia institucional en las regiones, una educación en la que el gobierno empieza a aceptar y a referirse a través de rankings internacionales y una subida del precio del dólar que demostró a las industrias colombianas la necesidad de investigar en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el resultado puede cambiar.

A diferencia del pasado, esta propuesta tiene bastante acompañamiento del gobierno actual, especialmente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es menester recordar que cuando la ahora ministra Cecilia López, era senadora, apoyó la propuesta de Martha Lucía. Recientemente, se añadió la exención tributaria a las empresas que investiguen en innovación y espera la inclusión entre 50 y 100 doctores al sector empresarial este año en proyectos público-privados. También, abrirá una convocatoria este 29 de abril para abrir doctorados enfocados en tecnología e innovación empresarial. La academia también ha hecho su aporte con el Primer Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, la cual abordó políticas territoriales de CTI para una paz estable y duradera.

La propuesta concreta, es que Colciencias, como organismo principal de la administración pública, rectora del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-, el cual está encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, pase a manejar la autonomía de un Ministerio, lo cual conllevaría a pasar de una inversión del 0.5% del PIB al mínimo de 1%.

A pesar de que la propuesta ha calado bien en todos los sectores y es muy probable que se convierta en una realidad, son más las preguntas que se generan a partir de la concepción de la CTI dentro de un ministerio.

Hay que tener en cuenta que guardar el equilibrio entre el sector educativo y el sector de industria y comercio sería una prioridad para este ministerio. La situación actual muestra que las empresas contratan con instituciones investigativas del exterior porque en el país el sector académico no se ha enganchado de pleno con las necesidades tanto del producto comercial como de las transacciones o metodologías de producción empresariales. Además, desde MinComercio se ha impulsado una campaña por la cultura de la investigación, pues reconocen que no son muchas las empresas que le apuestas actualmente a investigar para mejorar en el mercado.

Por otra parte, el sector educativo tiene la parte más importante en el desarrollo de esta meta. La creación de centros de investigación, fomentar la inclusión interdisciplinar e interinstitucional y replantear el modelo de investigación a partir de problemáticas establecidas y no tanto en el fortalecimiento teórico – este último ha divorciado a un sector investigativo de las ciencias humanas con Colciencias – es tarea que deben pensar las instituciones de educación superior del país más allá del posconflicto y el posible ministerio. 

Para finalizar, es prudente esperar como se desarrolla en el legislativo este debate, pero es el momento de posicionar esta discusión tanto en la academia, los sectores productivos, los representantes regionales y la clase política. En estos momentos en donde los políticos llegan al punto de inventar logros académicos, se debe demostrar la importancia de los académicos en el sector productivo –en donde puede replantearse debido a la crisis de los hidrocarburos- y gubernamental.