Mientras al país le vaya mal, a la Universidad Nacional no se le augura un mejor panorama. Los choques macroeconómicos que sacuden al país tocan directamente a la institución, y si en las vacas gordas del boom minero-energético la Universidad sufrió un profundo déficit financiero, ante la crisis petrolera la situación solo puede empeorar. Al revisar las variables más importantes de la economía, cada una de estas afecta gravemente a la Universidad.
La caída del precio del petróleo, que pasó de 100 dólares por barril para agosto de 2014, a niveles de 28 dólares para febrero de 2016, ha afectado gravemente los ingresos fiscales de la nación. El gobierno Santos decidió en su momento qué sectores salvar, y cuáles empeñar en medio de la crisis, y a la Universidad la castigó por medio de una orden de austeridad, circular presidencial 006 de 2014, que impuso recortar el gasto en 10% para las entidades públicas, incluyendo las facultades de la Universidad.
Si por medio de la austeridad aprietan financieramente a la Universidad, los exiguos recursos que entrega el Gobierno a la institución están cada día más enredados. Mientras los ingresos a la UN contemplados por la Ley 30 son insuficientes para saldar los gastos de la Universidad, aquellos recursos prometidos, que proceden de Estampillas regionales y nacionales, se quedan en anuncios.
La Estampilla Pro UN depende de los contratos de obras públicas, y mientras el petróleo cae a pique, el Gobierno se ve obligado a recortar el presupuesto en inversión de construcción desde mediados de 2015, siendo imposible que la Estampilla recaude cifras medianamente relevantes.
Mientras los ingresos por Estampilla son inciertos, lo claro dentro de la Universidad es el cupo de endeudamiento aprobado por 200 mil millones de pesos con el FINDETER. Mientras se define si la Universidad aprueba proyectos con estos recursos, bajo una tasa de interés anclada al IPC (inflación) o al DTF (promedio de tasas de interés), lo cierto es que cualquier opción es nefasta para el porvenir de la institución.
Mientras la inflación se mantiene por el 7% para el primer mes del año, por el alto precio del dólar y la dependencia a las importaciones, la tasa de interés que ha anunciado el Banco de la República no ha parado de subir, pasando de 4,5% en agosto de 2015, a 6,25% para febrero de 2016, incrementando así la tasa DTF y encareciendo el endeudamiento en el país, que incluye la ejecución del crédito con el FINDETER. La Universidad adquirirá una deuda a una tasa de interés elevadísima, y con ingresos inciertos para cubrirla, haciendo su pago imposible.
El precio del dólar golpea las inversiones necesarias para la Universidad. Por un lado, ha encarecido los proyectos de construcción de nuevos edificios, al punto que hoy cuestan casi el doble de lo que costaban hace 2 años.
La investigación también se ve golpeada por la crisis económica. La Universidad tiene, a febrero de 2016, 55 bases de datos disponibles para la comunidad académica, mientras en 2014 se contaba con acceso a 112. Entre los líos con las bases se encuentra que estas se pagan en dólares, lo que las convirtió en impagables por el precio actual.
La solución a la grave crisis financiera de la Universidad debe estar ligada a exigir un cambio de política que garantice la educación superior pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, no es posible separar la suerte de la Universidad de la del país, por ello se hace imperativo la defensa de un modelo económico diversificado, desanclado de la dependencia minero-energética, y que desarrolle una agricultura e industria tan necesaria para el desarrollo económico de la nación.