Los grandes proyectos de infraestructura requieren enormes inversiones presupuestales donde el debate económico se centra en quién debe cargar los costos y aprovechar los beneficios de las nuevas construcciones. En los últimos años se pusieron de moda las alianzas público-privadas (APP), vendidas como el mecanismo para que los sectores privados inviertan en proyectos en los que antes el Estado ponía todos los recursos, y así aliviar cargas fiscales para los gobiernos que no tienen los recursos con los que cuentan dichos sectores. En Colombia, el Gobierno Nacional defiende las APP como el camino ideal para realizar proyectos públicos como las vías 4G, colegios, entre otros.

Sin embargo, las APP tienen enormes problemas: hay proyectos que no son rentables para entidades privadas, y las maniobras del Gobierno para mantener ese mecanismo permite llegar a “contratos-mermelada que terminan en malos diseños y en pésimas administraciones, cuando no en abierta corrupción” como afirma ANIF.

Entre las maniobras antes mencionadas se encuentra legalizar el uso de fondos pensionales para autopréstamos a Sarmiento Angulo, la subasta de un oferente de la empresa ISAGEN para conseguir fondos que, en teoría, deberían poner la sección privada con las APP, y entregar recursos destinados a los campesinos y agricultores del país a empresas como Odebrecht que, vale mencionar, presionaron para conseguir contratos APP en el país.

Lo que han demostrado las APP en el país y en el mundo son la peligrosa combinación de bajo riesgo, altos rendimientos, poco o ningún control institucional y, en el caso colombiano, apalancamientos exorbitantes con fondos públicos a lo que debería poner el sector privado. Negocio redondo donde un estado alcahueta juega con los recursos públicos, realiza toda la apuesta, y el premio mayor se lo llevan los entes privados con desmesuradas ganancias que salen del bolsillo de los ciudadanos. No sorprende entonces los millones de dólares que pasan por debajo de la mesa para quedarse con los contratos de APP que tanto le hacen agua la boca a las grandes empresas hoy condenadas en todo el mundo.

La corrupción está ligada a las garantías contractuales de las que gozan los sectores privados para utilizar los recursos públicos sin control efectivo, como dice el senador Robledo: “Se pasó de hacerle trampa a la ley a incluir la trampa en la ley”. Ante los últimos escándalos de corrupción como Reficar queda la pregunta de si realmente la Universidad Nacional le apostará a realizar APP como plantea Santos y Peñalosa para los terrenos del CAN y entregará la operación de su infraestructura a empresas privadas buscadoras de rentas. ¿Terminará la Nacional pagando arriendo en sus propios predios?